1. Instrucciones emitidas para agilizar los litigios del departamento
La Célula Jurídica de la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC) emitió las Instrucciones N.º 275/65/2013-CX.8A(Pt.) con fecha del 23 de diciembre de 2020, en las cuales se dictaron directrices para agilizar la tramitación de los litigios del departamento ante los tribunales. A través de estas instrucciones, la CBIC destacó que existen procedimientos detallados para el procesamiento de dichos litigios. Sin embargo, estos procedimientos no se están siguiendo con la debida seriedad, lo que resulta en la presentación tardía de apelaciones y peticiones departamentales ante los tribunales. Por lo tanto, se ordenó a todos los Comisionados Jefes y Directores Generales que cumplan con el siguiente procedimiento:
Se deben cumplir estrictamente los plazos establecidos para la presentación de apelaciones. Todas las órdenes y sentencias deben presentarse ante el Comisionado Principal, los ADG Principales, el Comisionado o el ADG en el momento mismo de su recepción. Ninguna orden o sentencia debe enviarse directamente a la sección. La orden o sentencia debe examinarse en esta etapa inicial y debe desarrollarse una opinión preliminar sobre si es necesario presentar una apelación o petición. Posteriormente, se emitirán las instrucciones necesarias a la sección correspondiente para la presentación del expediente dentro del plazo prescrito. Todas las órdenes y sentencias permanecerán bajo "Vigilancia Especial" del Comisionado Principal, ADG, Comisionado o ADG hasta que se tome una decisión final y se presente la apelación. La apelación debe presentarse dentro del plazo prescrito. Las órdenes y sentencias a favor de la hacienda pública deben comunicarse a la célula jurídica de la CBIC para que puedan ser consideradas para su difusión. En ocasiones se ha observado que los funcionarios responsables trasladan la responsabilidad a los abogados de oficio por las acciones tardías. Por lo tanto, además de mantener una comunicación regular con el abogado de oficio, el funcionario responsable debe presenciar los procedimientos del Tribunal Superior, especialmente en los casos importantes. Paralelamente, se puede consultar diariamente el sitio web de la autoridad del Tribunal Superior correspondiente para verificar el estado del caso.
2. Circular emitida para exigir el estricto cumplimiento de los plazos de prescripción al presentar apelaciones/peticiones ante los tribunales
Según la circular N.º 1077/01/2021, emitida por el Ministerio de Finanzas, la CBIC ha observado que, a pesar de las instrucciones constantes sobre la presentación regular de apelaciones y peticiones, estas se siguen presentando ante los Tribunales Superiores y la Corte Suprema fuera de plazo, sin justificar circunstancias extraordinarias al solicitar la condonación de la demora. Por lo tanto, la CBIC ha aclarado los siguientes puntos:
La Corte Suprema ha observado continuamente esta práctica de presentar apelaciones tras una demora excesiva y, en consecuencia, ha impuesto costas a los peticionarios. En el asunto Union of India v. Jitendra en SLP (crl.) Dairy N.º 24676/2020, la Corte Suprema señaló:
El Tribunal ha rechazado reiteradamente la práctica de las autoridades departamentales que acuden ante esta instancia tras demoras excesivas, asumiendo que la Ley de Prescripción no les es aplicable. Se recurre repetidamente a sentencias de épocas pasadas, cuando la tecnología no estaba fácilmente disponible. No se hace referencia a la sentencia dictada posteriormente en el asunto Office of the Chief Post Master General & Ors. v. Living Media India Ltd. & Anr. –(2012) 3 SCC 563, donde se trató este asunto y se sostuvo que la evaluación de la capacidad del Gobierno para presentar una apelación a tiempo debe abordarse en el contexto de la tecnología actual, y que el simple traslado de expedientes de una mesa a otra ya no es una razón suficiente. El Tribunal también clasificó tales casos como "casos de certificado" y mencionó que el único objetivo de presentarlos es obtener un certificado de desestimación de la Corte Suprema para cerrar el asunto y registrar que no se pudo hacer nada porque el tribunal superior desestimó la apelación. Es una formalidad realizada para proteger a los funcionarios que pudieron haber fallado en seguir el proceso legal adecuado a tiempo. A pesar de las reiteradas órdenes del Tribunal, se hace muy poco para tomar medidas contra los funcionarios responsables que retienen los expedientes sin actuar. Las autoridades departamentales persisten en la idea de que el Tribunal condonará la demora simplemente por pedirlo. El Tribunal se negó a seguir tal práctica e impuso las costas finales al peticionario.
Se tomó una decisión idéntica en el asunto State of Madhya Pradesh v. Bherulal en SLP (C) Dy N.º 9217/2020 y Municipal Corporation of Greater Mumbai & Ors. v. Uday N. Murdukar en SLP (C) Dy N.º 9228/2020. Además, la observación de la Corte Suprema en el caso Office of the Chief Post General & Ors. v. Living Media India Ltd en la Apelación Civil N.º 2474-2475 de 2012 sostiene que:
El peticionario en cuestión es plenamente consciente de los problemas involucrados, incluido el período de prescripción prescrito para abordar el asunto mediante la presentación de una Petición Especial de Autorización. El Tribunal sostuvo que las autoridades departamentales no pueden alegar que tienen un período de prescripción separado cuando el departamento cuenta con personas competentes familiarizadas con los procedimientos judiciales. La ley de prescripción vincula indudablemente a todos, incluido el Gobierno. El Tribunal cuestionó por qué debería concederse la condonación simplemente porque el Gobierno o una rama del mismo es parte ante nosotros. Aunque, en materia de condonación de demora cuando no hubo negligencia grave o inacción deliberada, se debe adoptar una concesión liberal para promover la justicia sustancial. Sin embargo, el Departamento no puede aprovecharse de varias decisiones anteriores. La reclamación basada en una maquinaria impersonal y una metodología burocrática heredada de realizar múltiples notas no puede aceptarse dada la tecnología moderna disponible. La ley de prescripción vincula indudablemente a todos, incluido el Gobierno. Por lo tanto, el Tribunal sostuvo que debe informarse a todo organismo gubernamental y sus entidades relacionadas que, a menos que tengan una excusa razonable y aceptable para la demora y se hayan realizado esfuerzos de buena fe, el tribunal no aceptará explicaciones como que el expediente estuvo pendiente durante meses o años debido a la burocracia procedimental. Se espera que las autoridades gubernamentales cumplan con sus deberes con diligencia y compromiso. La condonación de la demora es una excepción y no debe utilizarse como si fuera un beneficio anticipado para los departamentos gubernamentales. El Tribunal transmitió que la ley protege a todos bajo el mismo amparo y no debe ser un mecanismo para el beneficio de unos pocos. Considerando que el Departamento no ofreció una explicación adecuada para la demora más allá de mencionar varias fechas, el Departamento ha fallado miserablemente en dar razones aceptables y convincentes para condonar una demora tan grande.
Por lo tanto, se ordena a todas las unidades de campo que presenten la apelación o petición dentro del plazo establecido en la Instrucción F.N.º 1080/DLA/50/Tech/Monitoring/SLPs-Appeals/16 del 01.06.2017. Todos los funcionarios de campo deben desalentar la práctica de presentar solicitudes de condonación de demora de manera mecánica, sin atribuir razones convincentes. Los funcionarios jurisdiccionales deben supervisar personalmente que las apelaciones y peticiones se presenten a tiempo en interés de la Hacienda Pública. Cualquier apelación o petición desestimada únicamente por motivos de prescripción debe ser examinada minuciosamente y se deben tomar medidas correctivas, incluida la acción disciplinaria. Además, las peticiones o apelaciones presentadas ante el Tribunal Superior que tengan implicaciones a nivel nacional y requieran aportes de política deben ser puestas inmediatamente en conocimiento de la sección de política de la Junta junto con el Comisionado (Legal).